Agricultura

Por: Enrique Naveda /elPeriódico

El Consejo de Asuntos Ambientales (CAA) del Cafta-RD fijó el modo de presentar las denuncias contra el país que no esté haciendo cumplir sus leyes ambientales. Desde ahora, cualquier individuo nacido en uno de los países firmantes del tratado podrá demandar justicia ante la Secretaría de Asuntos Ambientales (SAA), aunque solo después de haber acudido a las instituciones nacionales.

“En Guatemala, el Ministerio Público tiene 5 mil denuncias por delitos ambientales, y ninguna llega a juicio”, lamentó el ministro de Ambiente, Juan Mario Dary. Para esos casos sirve.

Luego, la SAA estudia la queja, y si lo considera necesario, pide una respuesta al Gobierno infractor, que debe responder en menos de dos meses. Una comisión de expertos analiza el problema, y puede abrir un expediente detallado y elaborar una serie de recomendaciones.

Dary subrayó que el dinero de las multas, que puede alcanzar los US$15 millones, se empleará solo para subsanar los daños ambientales por los que un país está siendo sancionado por el CAA.
Daniel A. Reifsnder, subsecretario de Medio Ambiente en el buró para Océanos, Medio Ambiente y Ciencias de EE.UU., hizo hincapié en que su país, al igual que todos, se somete a escrutinio.

Mayra González, ministra de Ambiente de Honduras, apuntó que el capítulo ambiental del Cafta-RD fortalece unas secretarías de Estado que, se puede decir, tradicionalmente se han juzgado superfluas a tenor del presupuesto que se les otorga.

Según Dary, no hay que olvidar que el Cafta-RD es un tratado eminentemente comercial, y por eso considera un éxito haber incluido un capítulo dedicado al ambiente: “Nos da mucha fuerza”. Es cierto que hay leyes y que son obligatorias, pero las posibles multas serán ahora un argumento convincente para lograr que se cumplan, considera.

“Además”, se ufana, “el capítulo 17 impide relajar la legislación ambiental y, siempre que no sea discriminatoria, recomienda endurecerla”.